No cabe duda que los programas DS116 y DS19 son los programas más exitosos de vivienda pública de los últimos tiempos que ha llevado adelante el Ministerio de Vivienda. El primero significó que la empresa privada presentara distintos proyectos a nivel nacional por unidades que equivalen a 45.000 viviendas para sectores de clase media y vulnerable, y para el segundo dado el éxito de este primer llamado abrió un cupo de 25.000 viviendas.
La sorpresa para el Estado es que la empresa privada reaccionó y las expectativas fueron superadas con creces, pues la oferta de la empresa privada al Fisco en este segundo llamado del año 2016 fue de 52.000 unidades de viviendas sociales para sectores de clase media y vulnerable. Un éxito, excepto para los habitantes de la Zona Norte porque los empresarios de la construcción no fuimos capaces de presentar ofertas en Iquique, Antofagasta y Calama -salvo en Alto Hospicio con un proyecto de 200 viviendas- por lo que los cupos destinados para la zona se perdieron, y los Serviu trabajan full time para dar alternativas a las grandes demandas que hoy la población requiere.
No tiene el éxito esperado porque es una política plana con leyes muy centralizadas, ordenanzas nacionales incapaces de ver las realidades regionales y siguen beneficiando a la Zona Centro, pues sabrán ustedes que el 69% de las unidades del programa, esto es alrededor de 67.000 viviendas sociales, se concentrarán en Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca y Bío-Bío.
No tiene el éxito esperado porque para poder postular había que hacerlo en suelo propio y en nuestra zona el gran tenedor de suelo sigue siendo el Fisco, por lo que no hay oferta de suelo privado para poder optar a estos proyectos o es imposible hacer regeneración urbana debido al plano regulador.
No tiene el éxito esperado porque en el primer llamado en Iquique, Antofagasta y Calama se ejecutó un 0% del programa. Solo se pudo desarrollar dos proyectos en mejillones pero en terrenos que bienes nacionales vendió en la última licitación realizada en la región hace cinco años.
Para la Región de Antofagasta se dispusieron 200 cupos con los cuales era imposible asegurar siquiera un estudio de cabida en donde nuestra cuota era simplemente 0,8% del programa inicial, y un 0,38% de lo ofertado a nivel país. Corrobora esto el proyecto de la empresa Boesch, que en conjunto con el Serviu de Antofagasta está desarrollando un programa de 700 unidades, indicador que nos demuestra se puede.
¿Quién gana entonces si es un programa exitoso?
En nuestra zona ganan los campamentos, donde de acuerdo al último catastro conocido del Gobierno Regional de noviembre 2015, aproximadamente 60% de las familias que habitan en en campamentos son extranjeros. Y este no es un mensaje contra la inmigración, por el contrario, es una alerta más a una política de extranjería retrógrada y arcaica que solo agudiza el problema y genera odiosidad en la familia que ahorra, postula, se gana un subsidio y NO puede utilizarlo porque no hay respuesta y continua esperando.
Ganan entonces los que quieren urbanizar y fomentar así la ilegalidad como una forma de presión para solucionar la vivienda en desmedro de la persona que ahorra y confía en una política habitacional seria, y lo que es peor, gana aquel que negocia con la toma, con la ilegalidad.
Gana la apuesta del Serviu local de apostar a los proyectos de planes maestros en donde Serviu es el único oferente y contratante. El mismo que les indicará cómo y dónde deben vivir pues no tendrán opción de elegir su entorno ni proyecto como el resto del país.
Así entonces retrocedemos a los años 60. Esos de la Corvi en donde el déficit era prioridad. Me preocupa el surgimiento de guetos, la integración social no sólo es unir viviendas de distinto valor, también lo es permitir que un hijo pueda salir de su casa y desarrollar su vida en el barrio donde creó pertenencia, que tenga cerca a sus padres, sus abuelos. Que mantenga la red de apoyo familiar tan propia de nuestra idiosincrasia y no mudarse obligadamente al único lugar posible porque no tiene la posibilidad de optar a un proyecto en su comuna o sector.
Pierden también los más de 8.000 subsidios otorgados en espera de una respuesta habitacional. Pierde toda la región norte ya que en el resto del país son los privados los que urbanizan y desarrollan los proyectos a un costo incluido en el precio. En cambio nosotros debemos quitarle fondos al FNDR para poder desarrollar los proyectos de urbanización que perfectamente podrían ocuparse en otros proyectos sectoriales, entonces la vivienda social deja de ser social teniendo un doble subsidio.
Es necesario erradicar y radicar. Erradicar la toma en zonas de riesgo, y radicar con una política habitacional de gobierno a aquellos organizados, pero en igualdad de condiciones como las más de 20 mil personas que siguen esperando una solución habitacional.
