Aunque la Delegación Presidencial Regional concretó ayer el desalojo de tomas de terreno que aparecieron en marzo en la «Bahía Méndez» y, que aumentaron drásticamente durante la última semana en el sector aledaño a Costa Laguna, todavía queda un sitio en condiciones similares que la autoridad no puede restituir en la zona norte de la ciudad. La razón es que el comité de vivienda que agrupa a quienes están en el lugar presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acción judicial que fue rechazada, sin embargo, todavía queda una instancia a la que pueden recurrir para evitar el abandono del predio fiscal.

Bienes Nacionales informó que había recibido 500 denuncias sobre la usurpación de terreno que desalojó la mañana de ayer y que en menos de un mes pasó de una ocupación de media hectárea hasta extenderse a 13. El operativo para despejar los más de 90 lotes terminó con tres sujetos detenidos, dos por oponerse a la acción de Carabineros de servicio y otro por dar una patada en la cabeza a un funcionario policial.

Los terrenos restituidos corresponden a tomas que aparecieron desde marzo a la fecha, pero en esa misma área existe otra ocupación. Para ese caso, la Delegación Presidencial Regional (DPR) emitió el 13 de junio del año pasado una resolución administrativa que autoriza el desalojo, sin embargo, el “Comité de Vivienda Mujeres Cabeza de Familia” y la organización comunitaria “Chile Sueña”, a través de la abogada Karina Trujillo, presentaron un recurso de protección contra la DPR para que la Corte dejara sin efecto la resolución designada para La Chimba Alto.

Entre los fundamentos del recurso se detalló que quienes desde el 2008 protagonizan las tomas de terreno en la ciudad son familias vulnerables con dificultades para solventar los gastos que implica un arriendo y con mayor razón un crédito hipotecario, situación que se agudizó con la pandemia. Al mismo tiempo señala dos fallos de los años en el que la misma Corte de Apelaciones de Antofagasta estimó arbitrario e ilegal el actuar de Bienes Nacionales (2008), mientras que en el segundo (2017) esa misma cartera debía adoptar las medidas necesarias para trasladar a los pobladores.

El escrito también expuso que el 22 de junio del 2022 acudieron funcionarios de la DPR, junto a policías y maquinaria para demoler las viviendas, lo que finalmente no se concretó por conversaciones entre todos los involucrados, dejando una sensación de temor ante una eventual actuación policial con violencia. El desalojo quedó programado para el 28 de ese mismo mes y ante ello en el recurso de protección se solicitó una orden de no innovar, la que no fue concedida por el tribunal.

En su respuesta, la DPR explicó que a raíz de una denuncia efectuada por el gobernador regional Ricardo Díaz, fue el Consejo de Defensa del Estado el que requirió información a Bienes Nacionales sobre estas tomas. La cartera de gobierno realizó una fiscalización en el sector Costa Laguna en la que los funcionarios fueron testigos de movimiento de tierra, apertura de calles, loteos con tizado, puntales, estacas y levantamiento de casas. Además, observaron cierre perimetral de puntales de madera con alambre de púas en el deslinde sur y verificaron la existencia de casas que están construidas de tabiquería en madera con techumbre de calamina, otras casas se encontraban en construcción levantándose con material de albañilería, bloque de hormigón armado y techumbre de calamina. “Se constató la presencia de un área destinada exclusivamente a la fabricación de panderetas de hormigón armado para ser instalados como cierre perimetral. Que, el campamento en cuestión se identificó como Madres Cabeza de Familia y Campamento Chile Sueña, y se encuentran loteando y en pleno proceso de construcción de viviendas”, relató la DPR en su contestación.

Incluso, en la misma fiscalización, algunas personas del lugar aseguraron comprar pertenencias mineras a un tercero, también identificado por Bienes Nacionales como ocupante ilegal, como justificación para el levantamiento de sus casas y que “pagan todos los gastos de materiales y maquinarias para ir construyendo tanto sus viviendas como los cierres”.

Los fiscalizadores solicitaron la restitución de los terrenos a la DPR y remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para efectuar los cobros que corresponda, resolución que fue emitida el 13 de junio del 2022.

Luego de meses de tramitación, este martes la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección contra la Delegación apuntando que “el actuar de la autoridad recurrida no puede considerarse ilegal, al estar amparado en la ley, y tampoco resulta ser arbitrario en este caso, desde que el decreto es suficientemente fundado, explicándose en detalle las razones que llevaron a la toma de la decisión, siendo claro, por último que no es de carga de la misma el otorgar soluciones habitacionales a las personas eventualmente desalojadas, lo que conlleva que no era necesario hacerse cargo de dicho punto en el decreto cuestionado, por lo que sólo cabe concluir que debe rechazarse el recurso”.

Sin embargo, este fallo no es la última instancia para los afectados, quienes ahora cuentan con un plazo legal para recurrir a la sentencia en la Corte Suprema y hasta que no se resuelva la vía judicial, el desalojo continuará en espera.

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