El Senador y expresidente de la comisión de Constitución, Pedro Araya Guerrero (IND-PPD), se refirió en entrevista en El Mercurio de Santiago a los principales debates que han surgido desde el interior de la Convención Constitucional. A los críticos de la Cámara Alta, hace énfasis es que es precisamente ahí donde se han alcanzado los grandes acuerdos, mientras que lanza sus dardos respecto a la modificación que se pretende hacer al Ministerio Público.
Respecto al rol de los constituyentes, también asegura que hay algunos que tienen un espíritu «revanchista» respecto de lo que ha sido el modelo institucional de casi 40 años. «Eso, creo, ha atentado contra un buen trabajo en la Convención», indicó el parlamentario. A continuación parte de dicha entrevista.
- ¿Cómo ve el avance de la Convención, en particular con el debate sobre la eliminación del Senado?
El problema no es lo que pasa con el Senado; cuando uno mira lo que está pasando en el conjunto de la Convención, mi impresión es que hay un problema bastante serio. Hay mucho eslogan que se vota en las comisiones y que probablemente va a quedar plasmado en la nueva Constitución, pero que no soluciona los problemas y que al final del día va a generar, o va a ser, una fuente interminable de conflicto. Y no es solo lo que ocurre con el Senado, basta ver las propuestas de normas para el Poder Judicial y del Ministerio Público. La Convención legítimamente puede proponer suprimir instituciones, crear o modificar instituciones, el problema no es ese. El problema está que hoy día uno cuando mira lo que se ha aprobado hasta este minuto no hay una arquitectura respecto del sistema político, judicial, de gobierno o derechos fundamentales, entonces al final del día lo que estamos teniendo es una verdadera majamama que no pega ni junta y que va a terminar, a mi juicio, dándole mucha inestabilidad al país.
- ¿A qué respondería esto que usted plantea en su análisis, espíritu refundacional o revanchismo, como se ha escuchado?
Creo que se cruzan varias situaciones. Primero, creo que en la Convención hay algunos que quieren dar una suerte de golpe blanco. Con esta especie de manto de que somos una Convención Constitucional, quieren destruir buena parte de la institucionalidad del país sin proponer una salida alternativa a Chile, respecto de cómo mejorar y abordar las instituciones. En segundo lugar, probablemente hay un sector, por lo que se ha visto en los debates, de mucho revanchismo respecto de lo que ha sido el modelo institucional de casi 40 años. Eso, creo, ha atentado contra un buen trabajo en la Convención.
- ¿El tema de los recursos para implementar lo que se apruebe es algo que hay que mirar con atención?
Obvio. Los convencionales, ninguno ha señalado siquiera cuánto va a costar el dinero implementar estas reformas. No se ha dicho cuánto cuesta esto puedo aventurar, por la cantidad de instituciones que se está pensando crear y sus funciones, que esto va a ser una millonada de plata que hoy día el país no está en condiciones de soportar económicamente. Esperaría que la Convención fuera responsable y dijera miren, esto va a costar tanto en dinero, porque si no, lo que va a ocurrir es que tendremos una Constitución que no se va a poder implementar durante mucho tiempo. Además, cuando uno mira lo que se está proponiendo, casi todas las disposiciones dejan que deberán ser reguladas por la ley. Ante la cantidad de leyes nuevas que tendrán que ser dictadas, entonces ¿cuál sería el horizonte de vigencia real de una nueva Constitución si queda todo entregado a un mandato legal? En la práctica, vamos a tener una Constitución de puras declaraciones que se van a implementar varios decenios después.
- ¿De la Cámara Alga a Congreso o Cámara de las Regiones o Consejo de los Territorios, le gusta la idea?
Hay mucho de eslogan. Se dice que el Senado se ha opuesto a los cambios en Chile; por favor, cuántos convencionales están sentados ahí gracias al Senado o cuántos temas ha corregido el Senado, por ejemplo, el gran impulsor de las ayudas sociales que recibieron los chilenos en pandemia fue el Senado durante la presidencia de Yasna Provoste (DC), cuando se generaron los mínimos comunes en el gobierno de Sebastián Piñera.
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