El seremi subrogante de Vivienda de Antofagasta, el arquitecto Alfonso Legunda, solicitó el viernes una prórroga al plazo de ocho días hábiles dado por la Corte de Apelaciones de la ciudad para responder al recurso de protección presentado el 9 de agosto por Democracia Viva.

Es que, a través de esta acción penal, la fundación presidida por Daniel Andrade (exRD) ha cuestionado la legalidad del término anticipado de los tres convenios por $426 millones suscritos con la citada repartición en 2022. “Es evidente que el término anticipado de un contrato afecta grave y directamente el derecho de propiedad de mi representada sobre su patrimonio”, se desprende del recurso que fue acogido a tramitación.

Sobre los fondos no ejecutados, la fundación ha solicitado al tribunal que acepte los $295 millones que se encuentran en sus manos, cifra que dista en cerca de $97 millones respecto a los $391 millones solicitados por la Seremi.

Solicitud de prórroga

“Por esta presentación vengo en darnos por expresamente notificados del recurso de protección interpuesto por la Fundación Democracia Viva en contra de esta Seremi. Lo anterior en razón que el correo remitido por la Unidad de Protección de vuestra Iltma. Corte no fue enviado a ninguna dirección de correo electrónico de esta Seremi, las cuales ya han sido consideradas en otras notificaciones al efecto (…), por el contrario, la notificación es remitida a funcionarios Serviu Antofagasta, conforme da cuenta correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2023, quienes no son parte del recurso”, dice la solicitud del seremi (s) Legunda a la que tuvo acceso el medio Ex-Ante.

Al mismo tiempo, pide “considerar la contabilización del plazo de entrega de informe desde esta fecha, a objeto de proporcionar los antecedentes necesarios del caso, o en su defecto, nos conceda una prórroga para efectos de coordinar nuestra defensa con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a quienes ya solicitamos su intervención”.

Según conoció el citado medio, Legunda envió la carta el jueves 17 de este mes al procurador fiscal del CDE en Antofagasta, Carlos Bonilla, solicitando “representación judicial en recurso de protección”.

Se trata de la segunda vez que la CDE interviene en el Caso Democracia Viva, pues a fines de junio solicitó al Primer Juzgado Civil de Antofagasta congelar la cuenta corriente de la fundación y retener los fondos.

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