La empresa española TAPUSA S.A. Agencia en Chile presentó una demanda civil contra el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Antofagasta y el Gobierno Regional de Antofagasta, acusando incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios por las obras de mejoramiento de Avenida Ejército, entre Homero Ávila y Ruta 28, en Antofagasta.
La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado Civil de Antofagasta y sostiene que la ejecución del proyecto vial —adjudicado originalmente por más de $16 mil millones— terminó extendiéndose en 1.029 días adicionales respecto del plazo inicial, situación que, según la empresa, generó millonarios sobrecostos que nunca fueron compensados por los organismos públicos mandantes.
De acuerdo con la demanda, el contrato contemplaba originalmente un plazo de 1.080 días corridos y una fecha de término fijada para diciembre de 2022. Sin embargo, tras múltiples modificaciones, ampliaciones y reformulaciones, la obra terminó extendiéndose hasta octubre de 2025.
La constructora -representada legalmente por el abogado Pablo Toloza- afirma que los retrasos se originaron por factores “no imputables” a la empresa, entre ellos problemas de diseño del proyecto elaborado por el Serviu, conflictos con la Municipalidad de Antofagasta, demoras en traslados de redes eléctricas y telecomunicaciones, además de hallazgos arqueológicos durante las faenas.
Uno de los puntos centrales de la demanda apunta a que el proyecto original “no era ejecutable” en las condiciones en que fue licitado, obligando a reformular gran parte de la iniciativa durante su construcción. Según el documento judicial, más del 50% de las partidas originales del contrato terminaron siendo modificadas.
La empresa sostiene además que el propio Serviu reconoció en diversas resoluciones que los aumentos de plazo se debieron a causas ajenas a la responsabilidad de la constructora. Entre las situaciones descritas aparecen retrasos provocados por empresas concesionarias de servicios eléctricos y telecomunicaciones, observaciones técnicas al diseño vial, modificaciones exigidas por organismos públicos y paralizaciones derivadas del hallazgo de osamentas humanas durante las excavaciones.
Los millonarios perjuicios
En la presentación judicial, TAPUSA asegura que el costo económico de estas extensiones de plazo generó millonarios “mayores gastos generales”, vinculados a la permanencia prolongada de personal, administración y operación en terreno. La firma calcula esos perjuicios en más de $7.648 millones, cifra a la que suma otros $571 millones por perjuicios financieros asociados al no pago oportuno de esas compensaciones.
La demanda también recuerda que el propio Serviu demandó anteriormente a la Municipalidad de Antofagasta por parte de los retrasos vinculados al proyecto, en una causa donde el servicio buscó recuperar recursos relacionados con indemnizaciones que eventualmente debía pagar a la constructora.
Pese a los conflictos, la empresa afirma que las obras fueron finalmente recepcionadas con reservas menores en octubre de 2025 y destaca que la comisión receptora del Serviu calificó la ejecución del contrato con 80,3 puntos sobre 100.
En su acción judicial, TAPUSA solicita que el tribunal condene tanto al Serviu como al Gobierno Regional al pago de las indemnizaciones reclamadas, argumentando que el equilibrio económico del contrato fue alterado por decisiones y problemas atribuibles a los organismos públicos mandantes.
