La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió trasladar la arista Democracia Viva desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, acogiendo los recursos de apelación presentados por las defensas de la exdiputada Catalina Pérez, el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del tribunal de alzada, que revocó la resolución dictada en abril por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el cual había rechazado la excepción de incompetencia territorial presentada por las defensas.
Según la resolución, los ministros concluyeron que los primeros actos ejecutivos vinculados al presunto fraude al Fisco ocurrieron en Santiago y no en Antofagasta, particularmente con la suscripción de un contrato de arriendo “ideológicamente falso” para fijar domicilio de la Fundación Democracia Viva en Ñuñoa.
Contrato en Ñuñoa fue clave para el fallo
En su análisis, la Corte sostuvo que el contrato de arriendo suscrito el 26 de julio de 2022 en Santiago permitió posteriormente tramitar el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y habilitar a Democracia Viva para recibir fondos públicos.
El fallo señala que dichos actos constituyen el verdadero “principio de ejecución” del delito investigado, descartando la tesis del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, que situaban ese inicio en Antofagasta con las gestiones realizadas desde la Seremi de Vivienda.
La resolución además enfatiza que los actos previos realizados en Antofagasta correspondían únicamente a “actos preparatorios impunes” y no a hechos directos de ejecución penalmente relevantes.
Voto dividido
La decisión no fue unánime. El abogado integrante Fernando Orellana votó por mantener la competencia en Antofagasta, argumentando que el fraude al Fisco necesariamente debía vincularse al ejercicio del cargo público de Carlos Contreras como seremi, lo que situaría los hechos en la región.
Asimismo, el voto disidente sostuvo que otras aristas agrupadas en la investigación —como las relacionadas con las fundaciones Fibra, Tomarte y Fusupo— tenían actuaciones ejecutivas previas desarrolladas en Antofagasta.
Con esta resolución, el expediente completo deberá ser remitido al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para continuar su tramitación.
