Una querella por una serie de hechos irregulares al interior de Codelco presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde no solo advierte posible fraude al fisco, sino que también un daño patrimonial a la estatal que ascendería a $12.800 millones.
De acuerdo al medio Interferencia, la acción legal que ya fue acogida a trámite por el Séptimo Juzgado de Garantía de Antofagasta, tiene su origen en la mantención de un horno ubicado en la División Chuquicamata, que fue adjudicado por Outotec Chile en 2017. A esa empresa, según la querella, se le transfirieron pagos injustificados y elevados.
Vale precisar que la querella es contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito consumado de fraude al Fisco.
El caso
En la licitación para la mantención y limpieza del horno, la empresa cuestionada avanzó por sobre las otras dos oferentes, con un costo de $8.429.340.874 y con un tiempo aproximado de cuatro meses para ejecutar las labores.
Sin embargo, una auditoría realizada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), alertó que el proceso no tuvo total transparencia, dado que se “modificó la fecha de recepción de las ofertas por el gestor del proceso sin notificar a los oferentes, lo cual favoreció a la empresa Outotec, pues permitió que pudiese cargar su oferta en el portal fuera de plazo”.
“Se verificaron múltiples situaciones de relevancia penal, como la contratación de la más onerosa de las opciones disponibles, sin causa justificada; la no realización de descuentos proporcionales por los servicios no prestados por la empresa adjudicataria; la no imposición de multas por retrasos e incumplimientos en aplicación de las respectivas cláusulas contractuales, entre otras”, añadió el informe.
Cochilco señaló que, por concepto de multas, Codelco “debió haber cobrado $2.134.513.703” y concluyó que el detrimento económico para la estatal, por las fallas y desviaciones originadas en la prestación del servicio, es de $12.802.921.349.
Todo motivó la acción judicial del CDE, pues considera que da cuenta de “conductas dolosas” por parte de la estatal y de una “disposición del patrimonio fiscal económicamente ineficiente ―y evidentemente gravosa―, la cual es producida por una infracción dolosa de deberes funcionarios por parte de trabajadores y/o ejecutivos de Codelco quienes, a sabiendas, contrataron servicios no utilizados totalmente en condiciones extremadamente gravosas para la empresa pública”.
Y apunta que la defraudación pudo ser realizada “por un funcionario que interviene en la respectiva operación en razón de su cargo, cuestión que importa que el injusto se corresponda con un menoscabo patrimonial ocasionado desde el interior de la administración pública”.
