El parlamentario Pedro Araya advirtió que en el Senado avanza un proyecto que podría permitir la regularización de tomas de terreno en el borde costero de Antofagasta y de la macrozona norte del país. La iniciativa, explicó, tal como está presentada no plantea ningún requisito, “simplemente señala que Bienes Nacionales podrá regularizar a aquellas personas que tengan una toma de terreno en el borde costero de las regiones beneficiadas con esta ley”.
El senador sostuvo que el proyecto ingresó durante el último año de la administración de Sebastián Piñera y actualmente continúa avanzando en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. El boletín N° 14.693-12 indica que la iniciativa propuesta por el expresidente busca permitir “excepcionalmente la transferencia en dominio de terrenos de playa fiscales en las condiciones que se indican, con el objeto de regularizar la propiedad y promover la inversión».
Este trabajo corresponderá al Ministerio de Bienes Nacionales y contempla personas naturales y jurídicas situadas “dentro de una faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral, que estén situados en la Región de Arica y Parinacota, en la Región de Tarapacá, en la Región de Antofagasta y en la Región de Atacama”. Y hasta el momento, agregó Araya, la idea tampoco resuelve qué ocurrirá con las áreas protegidas o de manejo que tienen los pescadores artesanales.
El artículo dos de la iniciativa establece que estos terrenos de playa fiscales, durante el plazo de 10 años, contado desde la inscripción del dominio respectivo, solo podrán transferirse por acto entre vivos en casos calificados, previo informe favorable del Ministerio de Bienes Nacionales y autorización de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. En ese mismo plazo, el Conservador de Bienes Raíces no podrá inscribir ninguna transferencia en la que no consten el informe y la autorización referidos. Asimismo, dentro de este período no podrá el adquirente del terreno fiscal realizar acto jurídico alguno que lo prive de la tenencia, uso y goce del inmueble, salvo autorización del Ministerio de Bienes Nacionales, otorgada por razones fundadas.
El tercer artículo de la propuesta que causa preocupación señala que quienes “deseen acceder a la transferencia de dominio deberán ingresar una solicitud a Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigor de la presente ley”.
OBSERVACIONES
Araya manifestó que se trata de un proyecto complejo, porque “es un incentivo a las tomas de terreno en el borde costero de la región, dado que no se establece ningún requisito para regularizar, salvo que Bienes Nacionales podrá fijar algunas normas o eventualmente hacer alguna licitación. Sin embargo, no hay ningún requisito respecto de la ocupación”.
El parlamentario sostuvo que tal como está planteada la idea, es “muy distinto a una ley que se dictó en su minuto, creo que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que se conoció como la ley caleta y que permitió regularizar a personas que vivían en ciertas zonas del borde costero y que tenían algún título de ocupación. En el caso de nuestra región se vio favorecida buena parte de la caleta el Huáscar”, recordó.
Como no consigna ningún requisito, para Araya la iniciativa es ambigua y por ello, en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado realizada ayer y donde expuso el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, expresó varias observaciones. También solicitó que los ministerios de Bienes Nacionales y Defensa enviaran a la comisión un catastro de cuáles son los sitios que se encuentran tomados, cuántas personas estarían en esa condición y a qué lugares corresponden.
“Es un muy mal proyecto, un incentivo a las tomas de terreno en el borde costero y al final del día genera una situación muy compleja en las regiones. Por una parte, no se contempla cuál es la opinión que tiene el Gobierno Regional respecto del uso del borde costero ni mucho menos cuál es la opinión de los municipios. Tampoco se hace cargo de una serie de problemas que hoy se presentan en el borde costero, como la línea de inundación”, apuntó.
Entre las dificultades, Araya dijo que, si se comienzan a regularizar estos terrenos, aquello debe ir necesariamente aparejado con recursos para dotarlos de los servicios básicos, porque son sectores donde no hay agua potable, alcantarillado ni electricidad. “Hay que hacer toda una serie de obras de urbanización que tampoco se sabe a cargo de quién van a estar, con un costo financiero asociado que municipios como el de Mejillones, Taltal o Tocopilla, no están en condiciones de asumir”, aseguró.
El senador también aclaró que en este contexto deben distinguirse dos situaciones y que “mañosamente el Ejecutivo pasado trató de mezclar dos temas”. Esto, porque hay claridad de que una cantidad importante de familias en Antofagasta tienen terrenos en el borde costero a través de un arriendo o una concesión marítima y probablemente necesitan una solución para consolidar el dominio y ser propietarios de lugares que ocupan bajo un instrumento del Estado.
“Pero algo muy distinto es lo que dice relación con tomas de terreno y lo otro complejo del proyecto es que, además, no coloca ninguna limitación de qué es lo que puede hacerse y perfectamente, podrías tener instalado en las playas de la macrozona norte complejos hoteleros que podrían acceder a una regularización. Hemos pedido a la ministra de Bienes Nacionales que pueda informar de cuántas ocupaciones ilegales estamos hablando en el borde costero, porque este proyecto perfectamente podría regularizar una serie de tomas VIP que tiene Antofagasta en esa zona, no solo en la comuna de Antofagasta, también en Mejillones, Hornito e incluso Tocopilla”, declaró.
Consciente de que las tomas de terreno son una situación difícil de manejar en la región, el parlamentario propuso la elaboración de un plan de manera integral, donde se reúna al Gobierno Regional, los municipios y los ministerios de Bienes Nacionales y Defensa a fin de definir una política de uso del borde costero.
“Lo que no puede ocurrir es que se comience a llenar de distintos tipos de construcciones sin ninguna normativa y regulación. Insisto, una situación muy distinta es la de pescadores que viven en una caleta y que no tienen títulos de dominio porque el Estado nunca los regularizó o familias que llevan décadas con un arriendo o concesión marítima. Esto es muy distinto a quien se toma un terreno para construir un proyecto hotelero y lo debe existir es una definición de qué hacer con el borde costero”, concluyó.
