La Contraloría Regional de Antofagasta instruyó a la Municipalidad de Antofagasta remitir, en un plazo de 10 días hábiles, todos los antecedentes técnicos, financieros, jurídicos y de cualquier otra naturaleza que sirvieron de base para fijar en $200 millones el monto de la transacción extrajudicial suscrita con el Club de Deportes Antofagasta (CDA).
La decisión surge tras analizar los antecedentes enviados por el municipio en el marco de una denuncia presentada por la concejala Karina Guzmán Arias, quien cuestionó que el acuerdo pudiera encubrir una condonación de deuda en perjuicio del patrimonio municipal.
En su oficio, la Contraloría recuerda que las transacciones extrajudiciales implican concesiones recíprocas entre las partes, pero advierte que, tratándose de organismos públicos, cualquier renuncia a derechos o acciones debe ser excepcional y no puede traducirse en un perjuicio para el patrimonio fiscal.
El origen del conflicto
Según expone el órgano de control, el conflicto se remonta al contrato de arrendamiento suscrito en 2015 entre el municipio y el CDA para el uso de la cancha N°2 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, además de baños, camarines y graderías.
Ese contrato contemplaba una renta mensual de $1.500.000, además del pago proporcional de los consumos de agua y electricidad. Sin embargo, tras vencer dicho convenio, las partes intentaron suscribir un nuevo contrato que nunca prosperó. Aun así, el club continuó utilizando las instalaciones entre 2017 y comienzos de 2026 sin que, según los antecedentes expuestos por Contraloría, existieran pagos por arriendo ni por servicios básicos durante ese período.
Posteriormente, mediante una transacción extrajudicial firmada el 26 de diciembre de 2025, ambas partes acordaron poner fin a todas las controversias derivadas de esa relación contractual.
En dicho acuerdo, el CDA se comprometió a pagar $200 millones, en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, mientras que la Municipalidad renunció a ejercer acciones judiciales o administrativas por hechos anteriores relacionados con el uso de la cancha y su infraestructura.
La observación de Contraloría
El punto central del pronunciamiento radica en que la propia Municipalidad informó que los distintos informes internos no contaban con una metodología para determinar el monto de la deuda, agregando que ésta no había sido reconocida por el CDA y, por lo mismo, carecía de liquidez y exigibilidad. Esa situación, indicó el municipio, habría motivado la suscripción de la transacción.
No obstante, la Contraloría sostiene que, pese a esa explicación, no es posible advertir cuáles fueron los antecedentes y fundamentos que permitieron fijar precisamente en $200 millones el monto acordado, especialmente considerando que la propia entidad edilicia reconoce no contar con una metodología para calcular la deuda.
Además, el organismo recuerda que un informe municipal emitido el 7 de mayo de 2025 había estimado la deuda que mantenía el club con el municipio en $638.831.206, cifra considerablemente superior al monto finalmente pactado en la transacción extrajudicial.
Por ello, la Contraloría ordenó al municipio remitir, dentro del plazo de 10 días hábiles, toda la documentación y fundamentos que expliquen cómo se evaluó y determinó el monto definitivo del acuerdo extrajudicial celebrado con Deportes Antofagasta.
