Los resultados de la investigación de la Contraloría por los convenios para trabajos en asentamientos precarios entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva dejan en evidencia una contradicción entre la respuesta que dio el extitular de esa cartera, Carlos Contreras, y lo que luego manifestó la secretaría regional ministerial al organismo de control respecto de los vínculos entre ambos.

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Tras recibir observaciones de alta complejidad por abstención y eventual vulneración al principio de probidad, Vivienda respondió que “los funcionarios desconocían absolutamente el vínculo del entonces secretario regional ministerial y el representante de la fundación Democracia Viva, relación que no fue informada de manera alguna por ese exsecretario ministerial a los funcionarios, siendo conocida por ellos una vez denunciado el caso de manera pública”.

La respuesta a la entidad fiscalizadora es contraria a la entregada a Timeline.cl el pasado 16 de junio, día de la publicación que reveló los convenios por $426 millones entre la repartición pública y la ONG. ¿El seremi estaba en conocimiento de que el representante legal de la fundación (Democracia Viva) es Daniel Andrade, pareja de la diputada Pérez y militante de su mismo partido, Revolución Democrática? Esa fue una de las cuatro preguntas enviadas a Contreras.

La réplica del secretario regional explicita que el tema fue evaluado por otros funcionarios, ya que “se realizó el análisis jurídico para evaluar la habilidad de todas las fundaciones, nuevas y existentes, se descartaron organizaciones con las que tengo un vínculo cercano o a las cuales haya prestado servicio. En el caso de Democracia Viva, al no existir lazos significativos ni parentesco, el área Jurídica de la SEREMI desestimó una inhabilidad.”

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Contreras renunció a su cargo un día después de que se difundiera el caso, “lamentando mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una ONG sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno. Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno”, escribió el 17 de junio en la red social X.

Sin embargo, la Contraloría estimó que se advierte la existencia de un vínculo entre el exseremi y el representante legal de la fundación. Antes de llegar al gobierno, Contreras trabajó como jefe de gabinete de la diputada Pérez, quien, hasta esa fecha, era pareja de Andrade con quien compartía domicilio en la Región Metropolitana y todos en ese momento eran militantes de Revolución Democrática. Posteriormente, en una entrevista en televisión, el represente de Democracia Viva explicó que fue Contreras quien lo contactó para trabajar con la fundación, a pesar de que éste advirtió que no tenían experiencia en obras civiles menores.

El informe de control señaló que el exseremi “habría eventualmente vulnerado el principio de probidad, toda vez que carecía de la imparcialidad necesaria en su actuación, pues le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a la fundación en cuestión sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación”.

En la contestación de las observaciones, Vivienda indicó que no es parte de su actuar indagar o conocer durante el proceso de entrevistas de las nuevas fundaciones o en las distintas interacciones con las entidades que contaban con convenio, si éstas o las personas que la componen participan en actividades políticas o su militancia, toda vez que se trata de un servicio esencialmente técnico.

En ese orden de ideas, la Seremi de Vivienda dijo a la Contraloría que en “la situación particular de la fundación Democracia Viva, la obligación de abstención era del exseremi, quien debió declarar e informar el vínculo y militancia política que mantenía con el representante de esa fundación, situación que no aconteció, actuación que se condice con su forma de trabajo basada en no entregar toda la información, sino que solo consultar a los funcionarios técnicos aquello que le parecía oportuno a sus intereses, manteniendo en reserva otro tipo de gestiones quedando en evidencia precisamente por lo acontecido”.

También recordaron que sobre ese hecho está en curso una investigación penal y que han proporcionado toda la información solicitada y la que se considera pertinente al Ministerio Público. El encargado de las pesquisas que se desarrollan de manera desformalizada es Cristian Aguilar, persecutor que condenó al fallecido exalcalde Daniel Adaro y luego a la exjefa comunal Karen Rojo por delitos de fraude al fisco.

Cuestionamientos a la elección y experiencia

En la investigación especial, la Contraloría sostuvo que existió una falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia.

Según los datos entregados por Vivienda, a través de un correo electrónico, el 12 de julio de 2022 Contreras solicitó al encargado de Planes y Programas enviar una invitación a dos fundaciones, entre ellas Democracia Viva, para evaluar su potencial incorporación al listado de organizaciones  colaboradoras, señalando un contacto, en circunstancias que como se indicó de acuerdo a una resolución exenta del 2015 del propio Ministerio, la elección de los organismos ejecutores de los programas tiene que ser efectuada por el Serviu de Antofagasta.

También se presentó un correo electrónico con fecha 26 de agosto de 2022, en el cual la encargada regional del Programa de Asentamientos Precarios del Serviu comunicó a una funcionaria de la Seremi de Vivienda que había llegado la aprobación de reasignación de recursos, por lo que se requería celebrar 13 convenios entre los cuales estaba habitabilidad primaria para los campamentos EcuaChilePe e Irarrazabal (sic) Etapa I, por $200 millones y $170 millones, respectivamente. En la comunicación se explicó que la entidad receptora se estaba por definir, lo que advierte que a esa fecha aún no estaban seleccionadas las entidades que ejecutarían esos convenios.

Un correo electrónico del 15 de septiembre de 2022 de una persona que desarrollaba labores de asistente de gabinete dirigido al jefe del departamento Planes y Programas Habitacionales, ambos de la seremi de vivienda, informó que se habían terminado las conversaciones con las fundaciones nuevas y que se había llegado a un acuerdo para la asignación de los convenios faltantes, cerrando la etapa de negociación restando cerrar los convenios para firmar, resolución y transferencia, citando entre ellos los proyectos relacionados con los campamentos EcuaChilePe e irarrazabal (sic) Etapa I, los que fueron aprobados para Democracia Viva.

“No obstante, ni las resoluciones citadas ni los respectivos convenios mencionan los fundamentos que justifiquen la asignación directa de los proyectos mencionados a dicha fundación, como tampoco se aportaron otros antecedentes que acrediten hola motivos de dicha elección”, puntualizó la Contraloría.

El detalle del acta constitutiva y la aprobación de los estatutos de Democracia Viva precisa que ocurrió el 30 de septiembre de 2021, con una complementación el 6 diciembre de ese año. El documento establece que el objeto de la fundación será generar y apoyar iniciativas, ideas o proyectos que aspiren a fortalecer el ejercicio democrático que se genera desde la ciudadanía informada y comprometida. La fundación impulsará los cambios sociales necesarios para lograr que se vuelva a poner en el centro a las personas y su participación en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Pero el informe de control subrayó que el 14 de julio del 2023 se consultó al Servicio de Impuestos Internos advirtiéndose que la fundación registra su inicio de actividades el 31 de julio de 2022, siendo su giro “fundaciones y corporaciones, asociaciones que promueven actividades culturales o recreativas; construcción de proyectos de servicio público”.

“Lo anterior permite advertir que recién el 21 de noviembre de 2022 la fundación obtuvo la autorización del Servicio de Impuestos Internos para la ampliación del giro concerniente a la construcción de proyectos de servicio público, esto es, posterior a las negociaciones y aprobación de los convenios adjudicados por la misma, giro que tampoco estaba incorporado su acta de constitución y estatutos”, advirtió Contraloría.

Por todo lo expuesto y la naturaleza de la intervención que se solicitaba en los campamentos, se observó “la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas que esta debía ejecutar, relacionada con el programa de asentamientos precarios. Asimismo, se constató que el cambio de giro aconteció de manera posterior a la emisión de los actos administrativos que aprobaron la transferencia de recursos. Lo anterior no da cumplimiento al anotado protocolo para suscripción de convenios de programas de asentamientos precarios de julio del 2022, que dentro de los requisitos generales de los organismos receptores sin fines de lucro se establece la experiencia en intervenciones comunitarias y territoriales, incorporando al efecto una presentación de su trabajo o carta interés que señale su experiencia y áreas de interés abordar mediante la suscripción de convenio”, puntualizó la investigación.

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