A principios de mayo, la asociación de funcionarios del Serviu envió un correo electrónico con una serie de cuestionamientos hacia el manejo de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada por el militante de Revolución Democrática (RD), Carlos Contreras. Las quejas apuntaron a la marginación de las decisiones que el Equipo Asentamientos Precarios experimentó bajo esta jefatura, explicando que entre ambas instituciones no hay subordinación. También manifestaron su preocupación por la cantidad de profesionales contratados por la seremi sin existir respuesta al detalle de sus funciones; el pago en una sola cuota de $54 millones para el arriendo del inmueble de una fundación cuyo contrato no había sido entregado y advirtieron una situación compleja: convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, ambos militantes de RD.

#Actualización | Renunció seremi de Antofagasta cuestionado por convenio con fundación de pareja de diputada Catalina Pérez

Según lo relatado por la asociación, los convenios fueron firmados por Andrade en octubre del año pasado, cuando éste había ingresado como asesor a la Subsecretaría de Defensa. El portal de Transparencia de esta última institución indica que en noviembre del 2022 su nombre aparece por primera vez bajo la modalidad de contrata. En los reportes de transferencia del Registro Central de Colaboradores del Estado figuran los convenios que tienen como receptor a Democracia Viva. El detalle en la ficha de institución privada del mismo registro señala que la fundación tiene domicilio en la comuna de Ñuñoa (Región Metropolitana) y su representante legal es el asesor de la Subsecretaría de Defensa.

El decreto del primer convenio con la Seremi de Vivienda fue realizado el tres de octubre del 2022 y asciende a 200 millones de pesos. El objetivo del aporte es “disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de carácter transitorio y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades en base a salubridad y seguridad”.

El siguiente convenio por 170 millones de pesos tuvo su decreto el 27 de ese mismo mes y era para “disponer la entrega de recursos para implementación y ejecución socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”. El último convenio, con decreto el 19 de diciembre del 2022, fue por $56 millones para la “ejecución de diagnósticos socio territoriales – planes de intervención, plan de campamento preparado y acciones sociales y comunitarias en diversos campamentos en la Región de Antofagasta”.

Los cuestionamientos de los funcionarios apuntan a la red de relaciones y posiciones políticas que rodean estos contratos. El seremi de Vivienda es militante de Revolución Democrática y parte del círculo de hierro de la diputada, la misma afiliación partidista que tiene Andrade, quien ya era asesor de una subsecretaría en el momento de la firma de los convenios y además es pareja de la diputada Pérez, quien, como líder de RD en Antofagasta, estuvo entre quienes dieron el visto bueno para la lista de nombres propuestos para la composición del gabinete regional. En el correo, la asociación subrayó que en la administración anterior sufrieron daños por cuestiones políticas, un hecho que no permitirán que ocurra nuevamente.

Oficio a Contraloría

TL contactó a la parlamentaria para saber si estaba en conocimiento de que la fundación Democracia Viva, con Daniel Andrade como representante legal, en dos meses se adjudicó tres convenios que superan los 400 millones de pesos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. “Aquí se hace referencia a un convenio suscrito entre un seremi y una fundación en el que yo no tengo absolutamente ninguna injerencia, participación o conocimiento específico”, declaró.

La otra consulta para Pérez fue si más allá de una cuestión legal considera que son legítimos los cuestionamientos porque su pareja, militante de RD, recibiera recursos para una fundación por parte de la Seremi de Vivienda, cuya jefatura también es militante de RD. “He decidido oficiar yo misma a Contraloría para despejar cualquier duda sobre la más absoluta legalidad y apego a los estándares de transparencia y probidad de este y cualquier convenio suscrito en la región, porque no voy a tolerar que algunos inescrupulosos con claros incentivos políticos busquen sembrar un manto de duda sobre mi gestión parlamentaria”, afirmó.

El equipo de la diputada envió a este medio el oficio, que con fecha 14 de junio, solicita a la Contraloría Regional “emita pronunciamiento sobre la legalidad de los convenios de transferencias de recursos suscritos conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del MINVU, Programa de Asentamientos Precarios, partida 18, capítulo 01, programa 02, subtítulo 33, que hayan sido suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Vivienda y Urbanización, ambos de la región de Antofagasta y las siguientes Fundaciones sin fines de lucro: Techo, Fusupo, Recrea, Espacio Lúdico, Urbanismo Social, Tomarte, Campamento de Ideas, Fibra, Democracia Viva y Procultura, en el contexto del Programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desde el año 2019 a la fecha, indicando además la razón por la cual se determinó este mecanismo”.

Nota del editor: A continuación las preguntas enviadas a la Diputada Catalina Pérez y la respuestas a este cuestionario.

 

– ¿Estaba en conocimiento de que la fundación Democracia Viva, con Daniel Andrade como representante legal, en dos meses se adjudicó tres convenios que superan los 400 millones de pesos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta?

 

Aquí se hace referencia a un convenio suscrito entre un seremi y una fundación en el que yo no tengo absolutamente ninguna injerencia, participación o conocimiento específico.

 

– ¿Más allá de lo legal, cree que son legítimos los cuestionamientos porque su pareja, militante de RD, recibiera recursos para una fundación con domicilio en la Región Metropolitana por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuya jefatura también es militante de RD?

 

He decidido oficiar yo misma a Contraloría para despejar cualquier duda sobre la más absoluta legalidad y apego a los estándares de transparencia y probidad de este y cualquier convenio suscrito en la región, porque no voy a tolerar que algunos inescrupulosos con claros incentivos políticos busquen sembrar un manto de duda sobre mi gestión parlamentaria.

«Jurídica desestimó una inhabilidad”

Al titular de Vivienda, Carlos Contreras, se enviaron otras cuatro consultas sobre el tema. La primera era para que explicara si los tres convenios adjudicados entre octubre y diciembre a la fundación se cancelaron a través de una sola transferencia o con estado de pagos. “Entre agosto y diciembre de 2022 se materializaron 48 convenios con una duración de 16 meses, de conformidad a la programación heredada de la administración anterior, los tres convenios firmados con Democracia Viva son parte de este proceso. Con las 10 fundaciones vinculadas a nuestro programa de ‘Asentamientos Precarios’ se trabaja con la modalidad de transferencia de recursos, presupuesto validado previamente por nivel central, los cuales son transferidos a la fundación una vez aprobado el convenio y verificado que la fundación se encuentre habilitada para recibir nuevos recursos, esto es, que no tenga rendiciones pendientes a nivel nacional”.

También se consultó respecto al trabajo que desempeña Democracia Viva y cuánto tiempo contempla. “Respecto de las labores asociadas a los convenios, éstas consisten en acciones de levantamiento y diagnóstico territorial de campamentos recientemente catastrados, además de la ejecución de obras de menor envergadura asociadas a seguridad, tales como instalación de luminarias solares, soluciones para mitigar amenaza de incendios, entre otras”.

¿Estaba en conocimiento que el representante legal de la fundación es Daniel Andrade, es pareja de la diputada Pérez y militante de su mismo partido, Revolución Democrática? “Se realizó el análisis jurídico para evaluar la habilidad de todas las fundaciones, nuevas y existentes, se descartaron organizaciones con las que tengo un vínculo cercano o a las cuales haya prestado servicio. En el caso de Democracia Viva, al no existir lazos significativos ni parentesco, el área Jurídica de la SEREMI desestimó una inhabilidad”, sostuvo Contreras.

¿Más allá de lo legal, son legítimos los cuestionamientos porque una fundación con domicilio en la Región Metropolitana reciba importantes recursos por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta cuya jefatura milita en el mismo partido que el representante de esa organización? “Para revertir el hecho de que la mayoría de las fundaciones que cuentan con el perfil curricular para realizar este tipo de iniciativas tiene su domicilio en la Región Metropolitana, exigimos a las fundaciones contar con profesionales con desempeño local y en el territorio. Además de lo anterior estamos trabajando con dos fundaciones que tienen su origen en la región”, respondió el seremi.

«No nos parecen atingentes los vínculos personales”

La fundación Democracia Viva explicó a TL que llevan dos años de trabajo de vinculación y mediación territorial a nivel nacional y que durante ese periodo han trabajado en campamentos de Antofagasta, apoyando en la celebración de cabildos, realizando campañas informativas para el plebiscito de salida, organizando conversatorios y difusión pedagógica de las materias de la Nueva Constitución con participación ciudadana.

Luego de constituirse como fundación han desarrollado proyectos en Antofagasta, Aysén, Los Ríos, Copiapó, Valparaíso y comunas de la Región Metropolitana, experiencias que llevaron a la fundación a identificar oportunidades de crecimiento postulando a otros fondos.

“Los referidos convenios de Antofagasta fueron firmados por Daniel Andrade como representante legal ad honorem de la fundación, sin que haya recibido remuneración o beneficio alguno proveniente de estos convenios. Durante la ejecución de estos, nuestras contrapartes han sido las jefaturas de Planes y Programas, y Administración y Finanzas en lo administrativo y financiero, respectivamente. Los pagos para la implementación de los proyectos se han realizado mediante una transferencia por cada convenio”, precisaron desde Democracia Viva.

Actualmente, agregaron, presentan cerca de un 45% de avance del trabajo pactado en los convenios que se extienden hasta fin de año. En ese sentido, afirmaron que están ejecutando levantamientos de “diagnóstico en ocho campamentos; y en el marco los otros dos está desarrollando proyectos de habitabilidad primaria en un campamento, con el objeto de mejorar sus estándares en el corto tiempo, por medio de obras básicas y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades. En este contexto se ha realizado, por ejemplo, la construcción de cinco kits de emergencia para contribuir al combate de los incendios en territorios de difícil acceso para Bomberos, y seguimos trabajando en más proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias”.

“Reiteramos que esta labor la realizamos sin fines de lucro y sin intereses personales de por medio, por lo que no nos parecen atingentes a la evaluación de nuestro trabajo los vínculos personales que pueda tener uno de nuestros excolaboradores”, finalizó la fundación.

- Publicidad -