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jueves, 25 abril, 2024
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La caída de Karen Rojo: mundo político reacciona a su condena de cárcel efectiva

Corte Suprema rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta. Rojo fue condenada por fraude al fisco al contratar una asesoría política para su reelección con fondos municipales. Exconcejales que fueron parte de su periodo en la alcaldía, actores políticos y el abogado que presentó la querella hablaron sobre el caso.

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Como un importante precedente fue considerado el rechazo del recurso de nulidad con el que la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, pretendía dejar sin efecto la condena que determinó una pena de cinco años y un día de cárcel por el delito de fraude al fisco. Tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, la química farmacéutica deberá cumplir la sanción de manera efectiva y pasarán más de dos años antes de que pueda optar a algún beneficio carcelario. Quienes compartieron con ella en el Concejo Municipal valoraron el resultado judicial y advirtieron lo que este fallo implica para otros casos relacionados con la corrupción y recursos públicos.

Los hechos que la condenaron

Lo acreditado por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta (TOP) da cuenta que, en agosto del 2015, la exalcaldesa se reunió con uno de los gerentes de Cadem (investigación de mercado y opinión pública), quien le señaló resultados desfavorables de una encuesta contratada para medir el grado de adhesión a una eventual campaña electoral. En esta reunión se le sugirió contratar a un asesor político y entre los nombres apareció el de José Miguel Izquierdo, director de Main Comunicación. Con el exasesor de Piñera se reunió en Santiago y éste acordó enviarle la propuesta de una asesoría comunicacional, lo cual se concretó el 24 de septiembre del mismo año, con el objetivo de mejorar su posición para las elecciones del 2016.

La propuesta fue aceptada por Rojo a fines de septiembre del 2015, realizando Izquierdo su primer viaje a Antofagasta el 6 de octubre, fecha que se reunió con la alcaldesa y su equipo más cercano. Sin embargo, a mediados de octubre y ante la dificultad de tener fondos para la asesoría que ya se estaba ejecutando, la exjefa comunal optó en forma deliberada por instruir la celebración de un contrato por asesoría comunicacional entre la empresa Main y la CMDS. Tal decisión fue tomada en su calidad de alcaldesa y presidenta de dicha corporación, concertándose para tales efectos, con su secretario ejecutivo Edgardo Vergara, quien, cumpliendo la instrucción entregadas por ésta, suscribió sin que existiera una necesidad inmediata para la corporación y con el solo objeto de pagar una asesoría en exclusivo beneficio de Rojo.

Para concretar esto, Izquierdo comenzó desde la primera semana de octubre del 2015 y hasta fines de julio del 2016 a viajar a Antofagasta y ejecutar acciones que tenían por objeto mejorar las condiciones de Rojo para la reelección. Sin perjuicio de ello, desde diciembre del 2015 y a raíz de denuncias y comentarios que surgieron a propósito de la suscripción del contrato, pese a que los servicios se prestaban en beneficio de Rojo, Izquierdo comenzó a concurrir a la corporación en sus viajes a Antofagasta, elaborando algunos documentos y realizando algunas charlas y prestaciones que, en caso alguno, satisficieron las exigencias del contrato y por lo demás, se desarrollaron todas bajo la óptica de Karen Rojo para las elecciones. Se defraudó y perjudicó a la corporación por el monto total $23.722.428.

Aguilar dijo que es un precedente

El TOP condenó a Rojo y a Edgardo Vergara y ambas defensas recurrieron de nulidad a la Corte Suprema y luego de un año, ayer el máximo tribunal del país rechazó los recursos. El fiscal jefe de Antofagasta y persecutor de la causa, Cristian Aguilar, explicó que, con el fallo de la Corte Suprema, la sentencia pronunciada en Antofagasta queda en estado de cumplimiento.

Aguilar detalló que “la sentencia condenó a la exalcaldesa a la pena privativa de libertad de cinco años y un día, además de las penas de inhabilitación para derechos y cargos públicos por el mismo lapso y una multa por el 20% del perjuicio causado. Además, condenó al exsecretario ejecutivo de la CMDS, Edgardo Vergara, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, la que cumplirá con el beneficio de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. En el caso de Karen Rojo, la sentencia queda en estado de cumplimiento de modo que la pena privativa de libertad deberá ser cumplida de forma efectiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino”.

El fiscal sostuvo que el caso es un precedente en el sentido de que no se había logrado una sentencia con una pena de cumplimiento efectivo por el delito de fraude al fisco. Ahora, la sentencia debe ser comunicada al TOP y éste dicta la resolución que se denomina cúmplase y que la coloca en estado de cumplimiento. A partir de ese momento, Rojo debe ingresar al centro de cumplimiento de Gendarmería.

“Es importante destacar el trabajo de todos los miembros de la Fiscalía y que contó con el apoyo y colaboración de la Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI de Antofagasta. Fue una investigación compleja como todas aquellas que tienen relación con funcionarios públicos que han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. En este caso se trató de la alcaldesa en funciones y de un funcionario que había dirigido la CMDS. Pese a esto y con sujeción al principio de legalidad y objetividad, la Fiscalía realizó todas las diligencias de investigación para reunir antecedentes para formalizar la investigación, para acusar y llevar a juicio a los imputados”, aseguró el persecutor.

Respecto de la posibilidad de beneficios, Aguilar precisó que podría optar a libertad condicional, aunque para ello primero debe cumplir la mitad de la sentencia.

Termina la impunidad en casos de corrupción

El abogado Rolando Lorca dijo que, junto a Aquiles Cerda, el año 2018 patrocinaron la querella en contra de Karen Rojo y de quienes resultaran responsables por el delito de fraude al fisco.

Sobre la resolución, Lorca indicó que lo sucedido “nos debe conminar a reflexionar en tres grandes temas y el primero tiene que ver con que el derecho se ha impuesto ante un hecho delictual. Actuó la justicia y se determinó que hubo un delito de fraude al fisco y los responsables han sido castigados. El segundo aspecto se relaciona con que está empezando a terminar la impunidad en todos los hechos relacionados con la corrupción con arcas fiscales. Aquellos funcionarios públicos que pretendan convertir el Estado en un botín de guerra tendrán como consecuencia fallos que los condenarán. Y en tercer lugar destacó que este juicio se inició con la valiente denuncia que hicieron Doris Navarro y en particular el exconcejal Eduardo Parraguez”.

El abogado también señaló que el deber de los ciudadanos es elegir bien a quienes van a representarlos en el municipio. Y emplazó que ser alcalde no es un juego, sino que se trata de una situación relevante y por ello la ciudad no pueda darse el lujo de que otro alcalde termine en la cárcel. Por ello declaró que este juicio esta es una llamada de atención, ya que el año 2010 pasó lo mismo con Daniel Adaro, y ahora con Karen Rojo, dos alcaldes en menos de diez años.

Una lección para todos

Eduardo Parraguez asumió como concejal en junio del 2015 en reemplazo del médico Antonio Cárdenas y recordó sus denuncias contra la exalcaldesa en el Concejo Municipal, en Contraloría y la presentación de la querella que terminó con esta sentencia.

El periodista manifestó que más que hacer leña del árbol caído, junto con los abogados Lorca y Cerda recibieron con satisfacción el fallo de la Corte Suprema, porque estuvieron casi cinco años trabajando en el caso, involucrando tiempo familiar y laboral.

“En lo personal reitero la satisfacción, pero no hay nada que celebrar, porque hablamos de fraude al fisco y la reflexión es para los electores que la llevaron al cargo dos veces. La votación debe realizarse con responsabilidad en el momento de elegir a nuestras autoridades. En lo político, Karen Rojo es parte del pasado, la sentencia la inhabilita por la misma cantidad de años y esperamos que esto nos sirva de lección a todos. Somos el municipio más grande de la zona norte de Chile y merecemos un gobierno comunal a la altura de Antofagasta”, declaró Parraguez.

“El tiempo me dio la razón»

La también exconcejala Doris Navarro reconoció que no hay plazo que no se cumpla para que se haga justicia y valoró la sentencia en contra de la exalcaldesa. “Como concejala siempre realicé mi trabajo fiscalizador y cuidé de los recursos de los habitantes de la ciudad y el tiempo me dio la razón. No me equivoqué en denunciar las irregularidades de la señora Karen Rojo y en esto queda un precedente en el sentido de que no se había logrado una sentencia con una pena de cumplimiento efectivo por el delito de fraude al fisco. Quiero dar las gracias al fiscal Aguilar y a Bonilla (CDE) por su buen trabajo al lograr la justicia que se esperaba”, expresó.

“Queda claro que estos episodios deben denunciarse”

La consejera regional Andrea Merino aseveró que es bueno que la ciudadanía no sienta que la corrupción queda impune y en ese sentido valoró el fallo, mencionando que lo sucedido sirve para todas las demás autoridades, para que tengan constancia de que no se juega con los recursos públicos. “No solo fui concejal de la época, también candidata a alcaldesa en esa misma elección, por lo tanto, ese proceso hasta debía repetirse porque ahora sabemos que no todos nos presentamos en igualdad de condiciones. Una candidata, que justamente es la que ganó, lo hizo utilizando recursos públicos. Pero desde lo humano hay pocas cosas más terribles que estar privado de libertad, así que no haré leña del árbol caído”, comunicó.

Merino dijo que esto es importante desde todas las perspectivas, porque con ello queda claro que estos episodios deben denunciarse porque tienen consecuencias, puntualizando a que en el país no estamos acostumbrados a que las autoridades políticas que cometen actos de corrupción terminen en la cárcel. “Los justo sería que fuera para todos y para todas, es un escarmiento para todo Chile, un precedente muy relevante”, subrayó.

“Seguiré denunciando faltas a la probidad»

Luis Aguilera fue uno de los ediles que firmó la acusación por notable abandono de deberes que corrió en paralelo al Caso Main y que también terminó con Rojo fuera del cargo. El ingeniero dijo que la sentencia marca un precedente importante para honrar sus cargos, cuidar los recursos fiscales y devuelve la esperanza a los ciudadanos, ya que la justicia tarda, pero llega. “Mientras sea concejal seguiré cuidando nuestros recursos fiscales, recursos de todos los vecinos y vecinas de Antofagasta, y denunciando todos los actos faltos a la probidad y a la transparencia en la municipalidad”, aseguró.

La institucionalidad funciona

El senador Pedro Araya sostuvo que el pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta fue ratificado por la Corte Suprema y lo que corresponde es acatar la decisión.

Y explicó que el caso de la exalcaldesa ocurre luego de las primeras modificaciones bajo un proyecto que presentó con otros senadores para aumentar las penas de los delitos de fraude al fisco y administración desleal entre particulares.

“Y a ella precisamente le correspondió esta situación con el aumento de las sanciones y con las reglas especiales de aplicación de penas. Esto tiene que ver con que nadie está sobre la ley y cuando un tribunal de justicia se pronuncia solo corresponde acatar. No es el primer caso de una autoridad condenada a una sanción penal, en Antofagasta tuvimos la causa del exalcalde Daniel Adaro, quien también fue condenado sin cumplir cárcel dada las penas que había en ese momento. Esto demuestra que la institucionalidad, con todas las deficiencias que pueda tener, funciona”, destacó.

Araya no cree que la ciudad esté frente a un problema con un sector político, porque los hechos de corrupción pueden ocurrir en una y otra vereda y lo importante es que los hechos sean denunciados. “Debemos tener presente que las responsabilidades penales son de carácter personal y no pueden extrapolarse a un conglomerado o un grupo de personas”, afirmó.

El senador indicó que ver más condenas de cárcel en casos similares dependerá de una serie de factores. Esto, porque técnicamente hoy, los hechos de corrupción en la función pública tienen asignadas penas de cárcel, pero que una autoridad vaya a la cárcel depende de factores como las atenuantes o agravantes en su causa. Sin embargo, reconoció que claramente hay una señal, porque lo que se ha realizado es modificar en su conjunto el sistema que permite un mayor control de la gestión pública.

“Tenemos normas que se dictaron y no solamente las que endurecen las penas con cárcel, también la protección para quienes denuncian corrupción y de los funcionarios públicos cuando hacen lo mismo con un superior; más atribuciones para la Contraloría, el trabajo del Consejo para la Transparencia para que los particulares accedan a información del Estado. Se trata de un conjunto de instituciones que se reformaron en el tiempo con el objeto de generar un mayor control y especialmente de aquellas autoridades que manejan recursos fiscales”, puntualizó Araya.

A la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Daniel Guevara es abogado, doctor en Derecho Internacional, cercano a Karen Rojo y tuvo su apoyo durante la primera elección que ganó la química farmacéutica. Desde la perspectiva técnica, Guevara indicó que en un fraude al fisco lo primero que se viene a la mente es que la alcaldesa metió plata en su bolsillo, pero que esto no fue así.

“Hay un error, que fue contratar con recursos de la CMDS a un personaje que prestó una asesoría, y que salió libre de polvo y paja, y ese personaje trabajó para lo que podríamos llamar holding municipal, compuesto por la Corporación Cultural, la CMDS, el municipio y un par de organizaciones más. Lo que se hizo fue contratar un asesor para que se desempeñara con dineros de una corporación del holding, en otra, y eso habría dado lugar a una sanción administrativa. Pero en Chile está tipificado como fraude al fisco, al que se le aplicó un criterio de máxima estrictez, en el que no fue necesario que existieran elementos subjetivos de engaño, sino que basta que sea un funcionario público encargado de cautelar las arcas municipales para que se considere que, si se comete el delito, en la práctica es casi un delito objetivo. Esto, cambiando una jurisprudencia histórica en el país donde el elemento subjetivo es central”, relató.

En su análisis, para el abogado se desestimaron todas las alegaciones en el recurso de casación vinculadas al debido proceso, a la legítima defensa en una causa que, aunque no fue abogado de Karen Rojo, como profesor y doctor en Derecho Internacional, ve todos los elementos para que sea llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque además, la sentencia va en contra del criterio de género garantizado en el artículo octavo del tratado internacional de Belém do Pará, que obliga a los órganos del Estado a aplicar ese enfoque.

“Hablamos de que, a la alcaldesa sin antecedentes penales, a la inversa, se le aplica la sanción más alta, en circunstancias que es sabido que hay casos de mayor gravedad que registraron salidas alternativas, decisiones de no perseverar, procedimientos simplificados con penas inferiores.  Es una situación extrema y como antofagastino porque conozco a Karen Rojo, me preocupa que pueda tomar una decisión equivocada respecto de su seguridad física. Espero que tenga la serenidad de acatar la decisión judicial, pero mantener la actuación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esta sentencia que, bien defendida, tiene condiciones de ser revertida”, adelantó Guevara.

Desproporcionalidad en la sentencia

El exministro del Primer Tribunal Ambiental señaló que una sentencia debe tener en esencia un carácter de proporcionalidad y ésta viene establecida por el caso y se justifica por la extensión del fraude al fisco que es del periodo que duró la asesoría de Izquierdo de unos seis o siete meses. “Entonces, por favor, de una asesoría prestada por un solo señor y que lleve a aplicar una justificación de cinco años y un día de pena efectiva. No soy juez de la causa, pero me ha tocado ser juez, y en esa calidad puedo advertir que hay una desproporcionalidad de la sentencia”, cuestionó.

El doctor en Derecho Internacional criticó que en el país existe muchas veces un sesgo respecto de quién será sentenciado y “no estoy diciendo nada nuevo, pero en temas delicados como la colusión o materias financieras, las sentencias que se aplicaron incluso llevaron a cursos de ética o sanciones pecuniarias, pero en ningún caso a penas efectivas. Esto no es Nueva York donde el señor Madoff murió en la cárcel. Conozco la vida judicial, la vida política y ya cumplí 50 años, así que siento la independencia de decir esto, somos un país hecho a medida de los poderosos y Karen fue vista como una líder política de gran ascendencia popular, pero frágil desde el punto de vista de los respaldos. Y a los poderosos no se los voltea, pero a los frágiles se los pisotea”.

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