El jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP) en Antofagasta, Ignacio Barrientos, manifestó que la causa del joven detenido por un delito de abuso sexual por sorpresa cometido en el Parque Croacia es un caso complejo. “No solo tiene un padecimiento psiquiátrico, está en situación de calle y, además, no tiene nacionalidad chilena”, dijo el abogado, explicando que estos son tres factores de vulnerabilidad que deben abordarse de manera integral.
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Identificado con las iniciales Y.D.R.P., el joven venezolano primero fue denunciado por la víctima, quien relató en redes sociales que, al mediodía del 11 de junio, el sujeto se acercó a ella con insinuaciones sexuales y tocó partes de su cuerpo mientras estaba en el Parque Croacia. La mujer recibió ayuda de una familia y antes de que fuera detenido por Carabineros se deshizo de un cuchillo. En el control de detención, el delito se tipificó como abuso sexual y porte de arma blanca, hechos por los que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de alejamiento contra la víctima y el Parque Croacia, las que no fueron acogidas.
La solicitud fue desestimada en el Tribunal de Garantía por la falta de peritajes para determinar si el individuo es imputable ante la justicia. Incluso, la abogada señaló que el joven no tenía conciencia de donde estaba, ni del día, ni el motivo de su detención, explicando en la audiencia que, tras entrevistarse con él en la Tercera Comisaría, “(el detenido) piensa que soy su madre y que fui yo quien le pasó el cuchillo”.
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El tribunal suspendió el procedimiento hasta que el Servicio de Salud de Antofagasta realice exámenes psicológicos y al estar en situación de calle, se fijó como domicilio las oficinas de la DPP. Tras quedar en libertad apareció una nueva denuncia de acoso sexual que no se presentó de manera formal, lo que esta vez ocurrió en el Mall Plaza y luego surgireron registros en redes sociales donde el venezolano es agredido física y verbalmente por los hechos conocidos.
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- Una persona en situación de calle, al parecer con padecimientos mentales fue detenida por una denuncia de abuso sexual y tras su formalización queda sin ninguna medida cautelar a la espera de que acuda voluntariamente a la DPP para la realización de peritajes ¿Estamos frente a un hecho normal o excepcional?
Este caso es el de una persona en situación de calle y diría con más que serias sospechas de inimputabilidad, respecto del cual el Ministerio Público no pidió una internación provisional, sino medidas cautelares que fueron rechazadas. Lo que sí se solicitó por parte de la defensa es que se oficiara al Servicio de Salud de Antofagasta para la realización de un informe psiquiátrico y se pidió la designación de un abogado de turno para que asuma como curador ad litem para que lo representara y se dispuso su liberación.
Esto es lo que pasó en la audiencia, hablamos de una persona que reúne varios factores de vulnerabilidad por decirlo de alguna manera, es un ciudadano que no tiene nacionalidad chilena, en situación de calle, con una discapacidad psiquiátrica y con quien es muy compleja la comunicación. En ese sentido, lo que corresponde ahora es que sea la autoridad sanitaria la que se haga cargo de la situación y eso es lo que dispuso el tribunal.
- ¿Son frecuentes los casos con estas características?
No es que ocurra todos los días, pero de alguna forma lo hemos visto antes, personas que están en situación de calle con padecimientos serios de salud mental. Insisto, no es que se vea a diario, pero no deja de ocurrir cada cierto tiempo.
- Una duda respecto de esto en cuanto a la institucionalidad en general es que a una persona, que confundió a la defensora con su madre, se le pida que acuda voluntariamente al edificio de la DPP para realizarse peritajes.
Lo planteo a la inversa, si lo dispuesto en términos de actuaciones del aparato estatal, de la institucionalidad, es lo necesario y suficiente como para abordar un caso de este tipo. Yo creo que no, porque aquí es donde la actuación administrativa y no hablo de lo jurisdiccional ni persecutoria, porque ya se realizó la audiencia. Lo que corresponde aquí es pasar a otro plano, porque esta situación habla de que no estamos solo frente a una situación penal. Hemos constatado que hay una persona que tiene un padecimiento de cierto tipo que hace necesaria la actuación de otros entes del Estado que deben velar por la salud mental de las personas que, obviamente y es una cuestión que no voy a desconocer, preocupa a la ciudadanía. Pero hay que hacer es más de lo que se ha hecho.
- ¿Esta persona puede llegar a ser un peligro para el resto como también puede estar en riesgo su integridad, entendiendo la reacción que hemos visto de la ciudadanía, que lo identifica y que ya lo ha agredido?
Pero una de las cosas que pasó en la audiencia es que no se pidió la medida cautelar de internación provisional, que tiene como uno de los requisitos precisamente que exista la determinación de que la persona es un peligro para sí misma o para terceros. De acuerdo con los antecedentes que tuvo el Ministerio Público para realizar la audiencia, no consideró que la persona en este contexto y en este caso, representaba un peligro para terceros o para sí misma. Obviamente es una situación que uno nunca puede asegurar, pero con los antecedentes que se tenían al momento de la audiencia, lo que pareció razonable fue otro tipo de actuación procesal y eso derivó en la libertad de este muchacho. Lo que se pretende activar ahora son otros mecanismos estatales que sean de tipo sanitarios, eso es lo que corresponde y que también tienen como finalidad no solo asegurar la salud mental, sino que, además, asegurar la tranquilidad de la ciudadanía.
Hay que hacer un llamado a la ciudadanía a que esto no se soluciona con las agresiones ni con grabaciones, ni otro tipo de actuaciones que pueden derivar incluso en la comisión de ilícitos. Estamos hablando de que frente a una reacción que sea exagerada, esas personas que creen actuar legitimadas por el impulso de protección de terceros van a incurrir eventualmente en conductas ilícitas y hay que hacer el llamamiento a que eso no ocurra.
- Plantea que frente a este hecho hay situaciones que desbordan lo penal. Saliendo de esa esfera, ¿cree que esta persona representa un peligro para la sociedad?
No tengo los antecedentes psiquiátricos y por eso lo que corresponde es una actuación rápida de la autoridad porque es un problema sanitario. Los antecedentes que se manejaron en la audiencia y que permitieron las actuaciones procesales es que no había ese tipo de peligro y, de hecho, se pidieron medidas cautelares de menor intensidad que fueron rechazadas.
- ¿Para estas pericias él debe acudir voluntariamente a la DPP para el peritaje?
Sí, pero nosotros como Defensoría Penal Pública tenemos profesionales del área social y psicológica que podemos activar para que precisamente la persona comparezca ante la instancia técnica-médica que se requiere para la pericia. Vamos a colaborar y esa es nuestra misión para que la persona sea evaluada psiquiátricamente pronto, no vamos a eludir esa responsabilidad porque nos parece necesario que él sea periciado y que esa evaluación determine un diagnóstico preciso y una terapia consistente.
- Quienes realizan justicia por propia mano arriesgan cometer un delito, pero ¿a qué cree que responden esas acciones?
No soy experto en conducta humana, pero creo que hay un nivel de agresividad que se ha incubado y uno lo puede advertir fácilmente en varios episodios sociales. Hay en general un problema de salud mental, de irritabilidad y puede generarse la sensación de que nadie está haciendo nada, que el muchacho quedó en libertad, sin embargo, eso no justifica que alguien crea que pueda golpear o realizar conductas que son atentatorias a cualquier bien jurídico que, no obstante su padecimiento y su situación de calle, mantiene incólume. No creo que deben darse mayores explicaciones sobre eso y me parece que lo urgente es que la autoridad sanitaria actúe pronto. Nosotros vamos a colaborar en su ubicación y lo vamos a conducir, si es necesario, para que se realicen las pericias, el diagnóstico y ojalá la terapia correspondiente, porque eso es lo que esta persona necesita.
- Si se concretan las pericias y se establece que es una persona inimputable, ¿qué ocurre en esa situación?
El Ministerio Público podrá optar a caminos que van desde la solicitud de sobreseimiento por el padecimiento psiquiátrico o someterlo a un procedimiento especial para que se apliquen medidas de seguridad, no penas. Desde hace mucho tiempo las terapias psiquiátricas son ambulatorias, no implican internación ni restricciones a la libertad u otros derechos. La idea es que las personas sean tratadas en el medio en el que se desarrollan habitualmente, no existe la idea de la internación. Pero en este caso estamos frente a un caso complejo, porque es un chico que no solo tiene un padecimiento psiquiátrico, está en situación de calle y, además, no tiene nacionalidad chilena. Son tres factores de vulnerabilidad que son evidentes y habrá que abordarlos de manera integral, eso es lo que nos corresponde como Estado independiente de la nacionalidad u origen.
