El presidente de la Colectividad de Residentes Colombianos en Antofagasta, Benjamín Cruz, manifestó que el debate sobre la migración en Chile debe abordarse desde una perspectiva de Estado y no desde “nacionalismos excluyentes que terminan viendo al otro como enemigo”.
Cruz explicó que muchas veces se instala un relato político y comunicacional sobre el fenómeno, hecho que no necesariamente se traduce en soluciones estructurales o una gestión eficiente del tema. “El problema de fondo en Chile ha sido la ausencia histórica de una verdadera política de Estado en materia migratoria. Durante años no existió planificación, institucionalidad suficiente ni estrategias integrales para abordar procesos migratorios masivos y complejos como los que vive hoy la región”, apuntó el periodista.
El representante de la colectividad también se refirió a las palabras del presidente José Antonio Kast, quien durante su campaña a La Moneda aseguró que expulsaría a miles de inmigrantes irregulares si llegaba al poder. Sin embargo, el mandatario matizó ayer sus palabras y precisó que aquellas palabras fueron una metáfora. “Ese tipo de declaraciones deben entenderse dentro de lo que muchos especialistas denominan ‘xenofobia electoral’, es decir, el uso político de la migración durante campañas para generar adhesión ciudadana a partir del miedo, la inseguridad o la sensación de pérdida de control”, cuestionó.
¿Cuál es la postura que observan del gobierno sobre la migración en cuanto a lo que comunica y hace sobre este tema?
Desde nuestra mirada como organización de migrantes y también desde mi experiencia en estudios sobre mediación intercultural y procesos migratorios tanto en Chile como en Estados Unidos, observamos que la postura del gobierno respecto a la migración ha estado muy centrada en el control fronterizo y en el relato de seguridad asociado a la migración irregular.
Gran parte de la campaña del actual gobierno se enfocó precisamente en fortalecer la frontera, endurecer el discurso sobre el ingreso irregular y transmitir señales de mayor control del territorio. Ahí aparecen medidas como la zanja fronteriza o la permanente comunicación respecto a expulsiones y vuelos de reconducción, pese a que este tipo de procedimientos han existido en distintos gobiernos anteriores.
Lo que vemos es que muchas veces se instala un relato político y comunicacional sobre la migración, pero que no necesariamente se traduce en soluciones estructurales o en una gestión eficiente del fenómeno migratorio. Porque el problema de fondo en Chile ha sido la ausencia histórica de una verdadera política de Estado en materia migratoria. Durante años no existió planificación, institucionalidad suficiente ni estrategias integrales para abordar procesos migratorios masivos y complejos como los que vive hoy la región. Entonces, más que una política migratoria sólida, lo que hemos visto son respuestas reactivas frente a crisis coyunturales o frente a presiones de la opinión pública.
Además, creemos que el abordaje ha estado excesivamente concentrado en el control y poco en aspectos fundamentales como la convivencia intercultural, la integración, la mediación comunitaria, la salud mental migrante, el acceso a información o la prevención de conflictos sociales. Y eso termina generando mayor distancia entre las comunidades, más prejuicios y menos cohesión social.
La migración no puede abordarse únicamente desde la lógica de seguridad. También requiere políticas públicas de integración, reconocimiento cultural y fortalecimiento institucional, porque finalmente las personas migrantes ya son parte de la realidad social, económica y cultural del país.
¿Qué cambios perciben con relación al gobierno anterior?
Respecto al gobierno anterior, creemos que el principal cambio ha estado más en el tono comunicacional que en transformaciones estructurales reales en materia migratoria. Y, aun así, tampoco podríamos decir que exista una diferencia radical en el discurso, porque finalmente el tema migratorio se ha abordado desde una lógica bastante similar en los últimos gobiernos, una lógica reactiva, centrada en el control, en la seguridad y muchas veces en responder al temor social más que en construir soluciones de largo plazo.
Lamentablemente, hablar seriamente de convivencia intercultural, integración, multiculturalidad, infancia migrante, educación o participación comunitaria pareciera tener pocos réditos políticos hoy. Entonces, esos temas han quedado desplazados del debate público e institucional, pese a ser fundamentales para construir cohesión social.
Desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera comenzaron a debilitarse muchos espacios de participación y diálogo con organizaciones migrantes, y durante el actual gobierno eso no cambió sustancialmente. No hemos visto la creación de instancias permanentes, multisectoriales y vinculantes donde las comunidades migrantes, la academia, los municipios, las organizaciones sociales y distintos actores puedan analizar seriamente la realidad migratoria y construir políticas públicas integrales.
En cambio, gran parte del debate se ha reducido a discursos y narrativas que, muchas veces, terminan estigmatizando a las personas migrantes. Y eso tiene consecuencias reales, aumenta la discriminación, el racismo, la xenofobia y también la violencia simbólica hacia comunidades completas, incluyendo niños, niñas y adolescentes migrantes.
Además, creemos que los medios de comunicación han tenido un rol importante en esta construcción. Muchas veces se instala una asociación permanente entre migración y delincuencia, invisibilizando el enorme aporte de miles de personas migrantes que trabajan, emprenden, estudian y contribuyen diariamente al desarrollo del país.
Cuando el debate público se construye desde el miedo y no desde la evidencia, lo que termina deteriorándose es la convivencia social. Y eso es peligroso para cualquier democracia, porque fractura el tejido comunitario y dificulta los procesos de integración que cualquier sociedad moderna necesita desarrollar.
LA METÁFORA DEL PRESIDENTE
El presidente en su período de candidato habló de concretar miles de expulsiones, pero ahora matizó sus palabras y afirmó que era una metáfora. ¿Qué lectura tienen de este tipo de declaraciones?
Creemos que ese tipo de declaraciones deben entenderse dentro de lo que muchos especialistas denominan “xenofobia electoral”, es decir, el uso político de la migración durante campañas para generar adhesión ciudadana a partir del miedo, la inseguridad o la sensación de pérdida de control.
En muchos procesos electorales el migrante termina transformado en una figura funcional al discurso político, el extranjero que viene a quitar empleos, a ocupar espacios en salud y educación, a alterar la seguridad o incluso a afectar la identidad nacional. Se construye una narrativa donde el candidato aparece como el defensor de la patria, del orden y de la ciudadanía frente a un supuesto enemigo externo. Y lamentablemente ese tipo de discursos generan réditos electorales porque apelan a emociones muy profundas como el miedo y la incertidumbre social.
Luego, una vez terminadas las campañas, esos discursos suelen moderarse o matizarse, porque la realidad institucional, económica y social es mucho más compleja. Además, los propios gobiernos entienden que la población migrante también forma parte activa del funcionamiento del país, trabaja, emprende, consume, paga impuestos y participa de distintos espacios comunitarios.
En la práctica, lo que hemos visto hasta ahora no difiere demasiado de lo que ocurrió en administraciones anteriores. Más allá de los discursos, la gestión migratoria sigue siendo bastante incipiente y reactiva. No se ha avanzado suficientemente en políticas de convivencia intercultural, en participación ciudadana efectiva ni en estrategias integrales de integración social, pese a que incluso existen marcos normativos en Chile que promueven estos principios.
Y respecto a las fronteras, muchas veces el debate se ha caricaturizado políticamente. Porque mientras se anuncian medidas simbólicas o mediáticas, las redes criminales continúan operando en los territorios fronterizos mediante tráfico de migrantes, trata de personas, narcotráfico, contrabando y robo de vehículos, entre otros delitos.
Entonces, el problema de fondo no se resuelve únicamente endureciendo el discurso o generando imágenes de control. La migración requiere una gestión seria, moderna y coordinada entre distintos actores del Estado, con enfoque en derechos humanos, seguridad, integración y cooperación internacional.
De lo contrario, el riesgo es que la discusión pública termine reducida a consignas o caricaturas políticas, en lugar de construir soluciones reales para un fenómeno que es global y permanente.
SEGURIDAD
Otro elemento de campaña que sí aplicó el presidente es la zanja en la frontera. ¿Qué utilidad perciben de esa política?
Respecto a la zanja fronteriza, creemos que tiene una utilidad bastante limitada y también un fuerte componente simbólico y comunicacional. De hecho, gran parte del debate público en torno a esta medida ha estado acompañado de sátiras, críticas y cuestionamientos justamente porque se entiende que no constituye una solución real al fenómeno migratorio.
Primero, porque las fronteras son extensísimas y lo que se pretende intervenir son tramos muy pequeños. Entonces, en la práctica, lo que termina ocurriendo es que simplemente se desplazan los pasos no habilitados hacia otros sectores. Eso ha pasado históricamente en distintas partes del mundo.
Ni siquiera países con enormes capacidades tecnológicas y militares, como Estados Unidos, han logrado detener completamente la migración mediante muros, zanjas, torres de vigilancia, drones, cárceles migratorias o grandes despliegues fronterizos. La gente que migra por necesidad, por violencia, por crisis económicas o por reunificación familiar siempre buscará nuevas rutas para hacerlo.
Por eso creemos que el problema no puede abordarse únicamente desde barreras físicas o desde una lógica de militarización de fronteras. La migración es un fenómeno regional y global que requiere coordinación entre Estados.
Y ahí ha existido una gran debilidad, no ha habido un trabajo regional serio y sostenido entre los países involucrados. No basta con que Chile tome medidas aisladas. Se requiere diálogo permanente y cooperación con Bolivia, Perú, Argentina, pero también con países de origen o tránsito como Venezuela, Colombia y Haití, porque estamos frente a dinámicas migratorias que afectan a toda la región.
Además, mientras el foco público se concentra en medidas simbólicas como la zanja, siguen operando mafias dedicadas al tráfico de migrantes, trata de personas, narcotráfico, robo de vehículos y contrabando en las zonas fronterizas. Entonces, el problema de fondo continúa existiendo.
Creemos que la gestión migratoria no puede transformarse en una herramienta de campaña o en una puesta en escena política. Requiere políticas públicas integrales, cooperación internacional, fortalecimiento institucional y estrategias reales de integración y convivencia.
Porque finalmente la zanja puede transformarse en una imagen potente para el debate político, pero claramente no es la solución estructural al fenómeno migratorio.
Si la preocupación del gobierno es la seguridad, ¿qué medidas creen que debería tomar sin estigmatizar a quienes viven de forma tranquila en el país?
Creemos que el lenguaje construye realidad, y por eso las autoridades tienen una enorme responsabilidad respecto a cómo comunican el fenómeno migratorio y los temas de seguridad. El discurso político y mediático influye directamente en la manera en que una sociedad percibe a determinados grupos humanos.
Por eso es fundamental abordar los problemas con precisión y responsabilidad. El crimen organizado debe tratarse como crimen organizado; el narcotráfico como narcotráfico; la delincuencia como delincuencia. No como fenómenos que automáticamente se asocian a personas migrantes o a quienes acaban de llegar al país. Porque, en definitiva, estos problemas han existido históricamente en Chile y en prácticamente todos los países del mundo, independientemente de los procesos migratorios.
Por supuesto que el crecimiento de una ciudad o de un país trae nuevos desafíos. Cuando aumenta la población, sea chilena o extranjera, también crecen las necesidades en salud, educación, vivienda, transporte y seguridad. Eso es natural en cualquier sociedad que se expande y se transforma.
Pero justamente por eso se requiere una gestión seria, planificada y con visión de Estado. Se necesita invertir recursos en fortalecer los servicios públicos, mejorar la capacidad institucional y desarrollar políticas de convivencia e integración, en lugar de centrar gran parte del debate únicamente en discursos punitivos o medidas mediáticas.
La seguridad debe abordarse con objetividad, inteligencia y fortalecimiento institucional, no desde la estigmatización. Porque cuando desde el discurso público se instala la idea de que el migrante es una amenaza por el solo hecho de haber nacido en otro país, lo que se genera es división social, racismo y deterioro de la convivencia democrática.
Además, quienes habitamos un territorio construimos sociedad independientemente de nuestra nacionalidad. Las personas migrantes también trabajan, emprenden, estudian, pagan impuestos, consumen, participan socialmente y aportan al desarrollo económico y cultural del país.
Por eso creemos que este debate debe abordarse desde una perspectiva de Estado y no desde nacionalismos excluyentes que terminan viendo al otro como enemigo. La construcción de una sociedad segura no pasa por dividir a las personas según su origen, sino por fortalecer las instituciones, combatir efectivamente el delito y promover cohesión social e interculturalidad.
